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Abogado revisando caso legal.

Se publica la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos y contra el medio ambiente.

Con fecha 17 de agosto del 2023 se publicó la Ley 21.595, que tiene como objetivo sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Esta Ley modifica diferentes cuerpos legales que definen delitos contra el orden socioeconómico y ajusta las penas aplicables. En este sentido, establece que los delitos económicos incluyen aquellos que son de naturaleza económica y otros que adquieren dicha categoría bajo ciertas circunstancias, como los cometidos por funcionarios públicos a instancias de personas con cargos en empresas. También agrega delitos ambientales a la categoría de delitos económicos.
Entre los delitos que pasan a tener la categoría de delitos económicos se encuentran la receptación, el lavado y blanqueo de activos cuando están relacionados con actividades económicas o se realizan en beneficio de una empresa.
Las personas responsables de delitos económicos son aquellas que encajen en las reglas generales de responsabilidad penal por estos delitos, pero además, ahora también se considera responsable a quien haya tenido conocimiento de las circunstancias del delito al momento de su intervención.
Las penas aplicables se establecen según lo que la ley especifique para cada delito en particular. Además de las penas privativas o restrictivas de libertad, todos los delitos económicos conllevan una multa cuyo monto se determina según la ley especial. Esta multa se calcula en función de la gravedad del delito y el ingreso promedio diario del condenado.

Las reglas de atenuantes y agravantes se aplican de manera específica en los delitos económicos.
Las atenuantes muy calificadas incluyen situaciones en las que el condenado actuó en interés de personas necesitadas, tomó medidas para prevenir daños o actuó bajo presión en una organización.
Las agravantes se aplican a situaciones como la participación activa en la perpetración del delito, el ejercicio abusivo de autoridad, sanciones anteriores por delitos económicos y la ocurrencia de perjuicios relevantes.

Las penas privativas o restrictivas de libertad pueden ser sustituidas por remisión condicional, reclusión parcial en domicilio o establecimiento especial, según decida el tribunal.
La ley también establece condiciones para las penas remitidas y define las modalidades de reclusión parcial en domicilio.

En el ámbito ambiental, la ley sanciona actividades como la contaminación de aguas y suelos, imponiendo presidio o reclusión menor según la gravedad del incumplimiento.
Las personas jurídicas (empresas o entidades) pueden enfrentar diversas penas, incluyendo la extinción de la entidad, la inhabilitación para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales, entre otras.
La ley entrará en vigencia en el decimotercer mes siguiente a su publicación.

Por Isaías Gómez Ganem

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